LMD
Enero 17 de 2007
La Liga de Mujeres Desplazadas expresa ante sus contrapartes, organizaciones amigas, aliados institucionales, la comunidad internacional y la opinión pública en general, su preocupación por la reaparición de nombre en el Informe de Riesgo No 046-06 AI emitido por el sistema de alertas tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo, ante las situaciones que hemos venido denunciando en los últimos meses.
A continuación se presentan algunos apartados de dicho documento donde se expresa la gravedad de la situación de los defensores y las defensoras de Derechos Humanos en el Departamento de Bolívar y las alusiones directas sobre el riesgo que corren las miembras de nuestra organización, así como sus asesores y directivas.
"INFORME DE RIESGO No. 046-06 AI
Fecha: Noviembre 28 de 2006
(...)
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO
Aproximadamente 4.320 personas. Por un lado los 3.000 habitantes de la vereda Rocha del municipio Arjona y por otro lado, cerca de 1.320 dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados filiales de la CUT; trabajadores y estudiantes de la Universidad de Cartagena, líderes sociales, representantes de organizaciones sociales; promotores y defensores de Derechos Humanos, comerciantes, entre otras personas. Dentro de la población en riesgo se hallan:
- Las mujeres organizadas pertenecientes a la Liga de Mujeres Desplazadas; las personas en situación de desplazamiento forzado asentados en los barrios El Pozón, Olaya Herrera, Nelson Mándela,Villahermosa, Policarpa, Arroz Barato, Membrillal, San José de los Campanos, El Socorro y La Loma de Peyé del Distrito de Cartagena y de los barrios Las Cocadas, Paraíso, Palo Quemado, Recreo, La Puntilla, Las Margaritas, La Conquista, Calle San Pablo y, vereda El Talón del municipio de Turbaco. En mayor grado de exposición a sufrir acciones violentas se encuentran los dirigentes, representantes legales, directivas y profesionales de esas organizaciones, liderezas y mujeres de base y, las y los jóvenes que en el marco de su plataforma programática lideran procesos organizativos y comunitarios.(...)
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO
Grupos disidentes de las autodefensas, integrados por miembros que no se desmovilizaron o por desmovilizados del Bloque Central Bolívar y del Frente Héroes de los Montes de María, entre otros, en su propósito de implantarse como actores hegemónicos en sectores estratégicos de Cartagena, Turbaco y Arjona; de copar los espacios de poder urbano, de regular la dinámica social, política y económica de sus habitantes, están empleando la violencia selectiva como mecanismo para subordinar a su proyecto, tanto los intereses estratégicos de estos municipios como de la población civil.
Estos nuevos grupos armados, desmovilizados, o disidentes, hacen uso de la violencia selectiva,involucrando expresiones no visibilizadas y en conexidad con el desplazamiento forzado (amenazas de muerte, intimidaciones, desplazamientos intraurbanos, asesinatos selectivos y saqueos de bienes), con el fin de aislar los elementos de cohesión de las comunidades y debilitar la acción de las organizaciones sociales de base, en especial, de las organizaciones más resentativas de la población en situación de desplazamiento, de las organizaciones sociales, comunales, barriales, tales como la Liga de Mujeres Desplazadas, directivas, profesionales, familiares y demás personas involucradas en los planes y proyectos de esta organización en los municipios de Cartagena y Turbaco.
Está especialmente amenazada la población vinculada a negocios legales, la población asentada en barrios marginales, la población socialmente estigmatizada y aquella organizada alrededor de la defensa,exigibilidad y restitución de los derechos humanos, del trabajo comunitario, sindical y del control a la gestión
pública.
(...)
En igual condición de riesgo se encuentran los habitantes de los corregimientos de Pasacaballos, Bayunca y la Boquilla (Cartagena) y los del Corregimiento Rocha (Arjona), que sufren restricciones a la movilización; los habitantes del Distrito de Cartagena, especialmente los ubicados en los barrios Pozón, Nelson Mándela,Olaya Herrera, el Pie de la Popa, Policarpo, Arroz Barato, Membrillar, Villa Hermosa, entre otros, porque son obligados a pagar sumas de dinero en forma de “impuesto de seguridad”, porque son amenazados de muerte en el evento de no cancelar las cuotas impuestas o porque son considerados como población socialmente estigmatizada.
Bajo este contexto, de no aplicarse medidas efectivas de prevención y protección por parte del Estado, es previsible la ocurrencia de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, la utilización de métodos y medios para generar terror en esta población y, desplazamientos intraurbanos e interurbanos.
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA ZONA
FARC, ELN, AUC, Estructuras paramilitares desmovilizadas de las AUC y otros Grupos disidentes.
3. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTES DE LA AMENAZA
AUC, Estructuras paramilitares desmovilizadas de las AUC y otros Grupos disidentes.
4. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H. :
• ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LA POBLACIÓN CIVIL
(desaparición forzada, homicidio selectivo, de configuración múltiple)
• UTILIZACIÓN DE METODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACION EN LA POBLACIÓN
• DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION CIVIL.
5. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS:
• A LA VIDA
• A LA INTEGRIDAD PERSONAL
• A NO SER DESAPARECIDO
• AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
• A NO SER DESPLAZADO
• A LA LIBRE CIRCULACION
• A LIBERTAD DE RESIDENCIA
• A LA LIBRE ASOCIACIÓN
• A LA LIBERTAD DE PRENSA
• A PODER REUNIRSE Y MANISFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE
VALORACIÓN DEL RIESGO
Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, posee una población que supera los 900.000 habitantes. Es un importante centro turístico, puerto comercial, zona industrial y lugar de eventos internacionales en Colombia y desde 1984 ha sido considerada patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
Actualmente, se está desarrollando, en el Distrito de Cartagena, proyectos de gran impacto como Transcaribe, la ampliación de la refinería de ECOPETROL, la renovación urbana, proyectos arquitectónicos y el proyecto de la vía perimetral Ciénaga de la Virgen, que tiene como fin articular la malla vial nacional al conectar dos importantes vías de la Costa Atlántica: la carretera de la Cordialidad en la intersección con la variante de Cartagena y la Vía al Mar, las cuales comunican a Cartagena con Barranquilla. Infortunadamente por esta zona, pues este megaproyecto pasa por algunos barrios subnormales, los grupos paramilitares, disidentes de las autodefensas o integrados por desmovilizados están amenazando e intimidando a las personas que allí habitan, las cuales en su gran mayoría tienen la condición de desplazados forzosos.
(...)
La Liga de Mujeres Desplazadas es una organización de base creada en 1999, conformada por aproximadamente 300 mujeres afrodescededientes, mestizas e indígenas, en situación de desplazamiento forzado (provenientes de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cesar,Córdoba, Guajira, Sucre, Santander y Nariño), que en conjunto con sus familias trabajan en la ciudad de Cartagena y el municipio de Turbaco, en procesos de empoderamiento comunitario y acción colectiva,por la reivindicación de sus derechos fundamentales y constitucionales vulnerados con ocasión del desplazamiento.
El radio de acción de esta organización comprende los barrios El Pozón, Olaya Herrera, Nelson Mándela, San José de los Campanos, El Socorro y el sector de La Loma de Peyé en el Distrito de Cartagena; los barrios Las Cocadas, Paraíso, Palo Quemado, Recreo, La puntilla, Las Margaritas, La Conquista y, la vereda El Talón del municipio de Turbaco.
Al igual que la Liga de Mujeres desplazadas, otras asociaciones de comunidades desplazadas, como AFRODES, ANDAS, Unidad por la Paz, Adelpe, y CND, entre otras, son objeto de amenazas debido al trabajo organizativo y de liderazgo comunitario que realizan, especialmente en los barrios subnormales,pues los nuevos grupos armados ilegales, integrados con posterioridad a la desmovilización, las consideran un obstáculo para sus procesos de posicionamiento y de control social, económico y político.
(...)
El presente año se han aumentado las amenazas en contra de habitantes, comerciantes y dirigentes comunales en los barrios de las Perlas, Olaya Herrera, Falda y Pie de la Popa, las Perlas, Policarpo,Arroz Barato, Membrillar, Villa Hermosa, Nelson Mándela, San José de los Campanos, la Boquilla,Pasacaballos, Bayunca y la Loma de Peye, las cuales se ven agravadas por ser estos barrios asentamientos donde habitan aproximadamente 70.000 personas en situación de desplazamiento, que aumentan el cinturón de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas de estos sectores en los que
viven 750.000 habitantes que son conocidos como pobres históricos.
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En el año 2006 en el Distrito de Cartagena según la taza de homicidios para esta ciudad analizada por cuatrienios la podemos observar asÍ: periodo de 1996 a 1999 fue de: 876 homicidios, en el periodo de 1997 a 2000 fue de: 837 homicidios, y en el periodo de 2001 a 2005 fue de: 1004 homicidios, y en el año 2006 el primero de enero y 30 de septiembre, han sido asesinadas 194 personas en Cartagena;siendo los meses de marzo y julio con mayor número de homicidios, con 26 y 25 casos,respectivamente.
Entre el primero de enero y el 31 de octubre, de acuerdo con las estadísticas de la Policía, han sido asesinadas 224 personas en Cartagena, 179 con arma de fuego.
El panorama descrito, configura un escenario de riesgo para las mujeres organizadas de la Liga de Mujeres Desplazadas, familiares y demás personas involucradas en sus planes y proyectos, lideres de las comunidades de desplazados, sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT Bolívar, lideres sociales, comunales, ediles, ONG´S que trabajan en defensa de los Derechos Humanos,abogados y periodistas, en un contexto en donde la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales en el contexto del conflicto armado, sus acciones reivindicativas, los procesos de empoderamiento comunitario que lideran, las denuncias públicas formuladas ante las autoridades competentes por las violaciones de los derechos humanos de las que han sido victimas sus asociados,familiares o miembros de la comunidad, no solo resultan contrarias al “statu quo” que defienden los actores armados ilegales, sino que también las ha expuesto a acciones de violencia en su contra (como amenazas, secuestros, asesinatos selectivos, violaciones sexuales, lesiones personales, hurtos,amenazas con destrucción de bienes).
Los hechos descritos suelen ser invisibilizados en la medida en que se manifiestan como expresiones de la violencia social o de la delincuencia común y no como delitos conexos al desplazamiento forzado,a la actividad sindical, el liderazgo social, comunal o de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos; que afectan particularmente a este sector poblacional ubicado en Cartagena, Turbaco y Arjona; esta situación es favorecida adicionalmente, por los altos índices de criminalidad que poseen los barrios marginales de Cartagena, Turbaco y Arjona, por el no reconocimiento de la problemática por parte de las autoridades encargadas del deber de protección y, porque se desarrollan paralelos a otro tipo de acciones dirigidas en general a los y las habitantes de estos sectores: prohibición de salir a las calles en las noches, restricciones en el desarrollo de las actividades recreativas y culturales (fiestas, festivales, etc.), aparición de “listas negras” en donde señalan a la población que será objeto de acciones de retaliación, en su mayoría jóvenes, la aparición de personas encapuchadas encargadas de sembrar zozobra en las comunidades y en particular en sus líderes, la proliferación de “grupos de seguridad privada” ligados a la violencia paramilitar.
Es importante señalar igualmente, que el impacto particular que tiene el conflicto armado en la feminización de la pobreza, el aumento de todas las formas de violencia contra la mujer, y el precario acceso a los derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres con ocasión del desplazamiento forzado, no solamente es producto del accionar de los grupos armados ilegales, sino también de la desprotección del Estado, la inexistencia de políticas integrales para intervenir y superar la problemática, y a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno local, la ineficacia de las medidas hasta el momento adoptadas para la mitigación y superación del riesgo.
Las autoridades civiles del departamento han realizado varios consejos de seguridad para analizar el riesgo de esta población vulnerable, en los cuales se han adoptado medidas; sin embargo, no han sido suficiente ni efectiva las acciones para contrarrestar la capacidad de daño de estas organizaciones criminales, ni para prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos fundamentales de la población identificada en riesgo.
Por lo anteriormente descrito, es muy probable la ocurrencia de desapariciones forzadas, homicidios selectivos y de configuración múltiple y de desplazamientos forzados para los pobladores del Distrito de Cartagena y los municipios de Turbaco y Arjona. Por tanto, se considera que el nivel de riesgo para los sectores poblacionales identificados en este Informe, es Alto.
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AUTORIDADES VINCULADAS AL DEBER DE PROTECCION
AUTORIDADES CIVILES:
Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Ministerio de Protección Social, Acción Social, Gobernación de Bolívar, Alcaldía Distrital de Cartagena,Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Personería Distrital de Cartagena, Turbaco y Arjona y Alcaldía Municipal de Turbaco, Alcaldía Municipal de Arjona
FUERZA PÚBLICA:
- EJERCITO:
- ARMADA NACIONAL: Fuerza Naval del Caribe, Primera Brigada de Infantería de Marina BAFIM2, BAFIM3
- FUERZA AEREA: CACOM3
- POLICIA NACIONAL: Departamento de Policía de Bolívar, Estaciones y Distritos de Policía de Cartagena y Turbaco y Arjona.
RECOMENDACIONES
Se solicita al CIAT emitir la Alerta Temprana correspondiente y orientar la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo advertida, con el fin de proteger la población sindical, las organizaciones sociales, cívicas, de desplazados, periodistas, miembros de
organizaciones de derechos humanos, comerciantes, transportadores y población socialmente estigmatizada en el Distrito de Cartagena y en los municipios de Turbaco y Arjona, adoptando las medidas pertinentes a efectos de disuadir, mitigar o controlar el riesgo de la población objeto de este Informe y la comunidad universitaria; en especial nos permitimos recomendar:
1. A la Vicepresidencia de la República, al DAS, al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior y de Justicia, a la Dirección General de la Policía Nacional, y al Departamento Administrativo para la Función Pública, adoptar las medidas tendientes a dar celeridad al proceso de formulación y ejecución de la política pública en materia de protección de líderes,defensores de derechos humanos y, de los dirigentes del sector sindical.
2. Al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, la concertación y adopción de medidas urgentes de protección para la población señalada en riesgo, así como el fortalecimiento delPrograma de Capacitación en Seguridad Preventiva en Cartagena, Turbaco y Arjona, en el entendido,y como lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo, de que el Estado debe generar respuestas efectivas en el marco de su deber protector y garantista de los derechos fundamentales de la población.
3. A las autoridades civiles, militares y de policía del departamento, la adopción de medidas tendientes a disuadir y neutralizar el accionar y la capacidad de daño de los grupos armados ilegales que operan en los barrios marginales de Cartagena, y en los municipios de Turbaco y Arjona y que han surgido con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas con la reagrupación de excombatientes y miembros disidentes de las autodefensas.
4. A las autoridades civiles, locales y departamentales, adoptar las medidas necesarias para incluir en los planes de inversión social del Distrito y de los municipios, recursos orientados para garantizar el impulso de planes, programas y proyectos de visibilización de estas organizaciones como de la mujer,
en particular de la población femenina afectada por el conflicto armado interno y asentada en sus jurisdicciones.
5. A las autoridades civiles del orden nacional, regional y local, con el concurso de Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Acción Social, adoptar medidas tendientes a llevar a cabo acuerdos interinstitucionales que atiendan las condiciones de vulnerabilidad estructurales de las mujeres en situación de desplazamiento, generen lineamientos de política precisos para la mujer desplazada por la violencia; así como acciones encaminadas a garantizar el reconocimiento del enfoque de género en los procesos de judicialización a propósito de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el marco del conflicto armado interno.
6. A las autoridades nacionales y regionales, dotar los esquemas de seguridad para los Sindicatos de Anthoc Bolívar, Sincontaxcar y ampliar los esquemas para el Comité Ejecutivo de la CUT Bolívar, así como estudiar y evaluar nuevamente los estudios de seguridad no solo de las organizaciones sindicales, sino a los dirigentes de las organizaciones cívicas y sociales.
7. Informar a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que en el marco de su mandato, evalúe a través de una comisión humanitaria de alto nivel, la situación de las mujeres desplazadas organizadas y no organizadas en el departamento de
Bolívar, y en razón a dicha situación, inste al gobierno nacional, a diseñar estrategias que permitan que las mujeres víctimas del conflicto armado interno participen en las mesas de dialogo y negociación con los grupos armados ilegales, y de otra parte, exhorte a los grupos armados ilegales al respeto cabal de sus derechos Humanos.
8. Informar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, lo pertinente a las acciones de las AUC, para que en el marco de las tareas de verificación de cese al fuego y hostilidades a propósito del proceso de negociación, se exhorte a estas últimas al cumplimiento de los acuerdos.
DARÍO MEJIA VILLEGAS
Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos
De la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado (E)"
2007/01/17
