Editorial
EL UNIVERSAL
MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2007
Colombia atraviesa por un programa de desmovilización masiva de los grupos de autodefensas, una excelente movida para alcanzar la paz. La desmovilización quiere decir que las Auc aceptan que el Estado tenga el monopolio de la fuerza y que las condiciones están dadas para participar en una sociedad democrática, en la que la diversidad es saludable y las diferencias se tramiten en las urnas o en las cortes, pero no por las vías de hecho.
Colombia espera que los grupos armados de izquierda –Farc, Eln y demás- se decidan por el mismo camino de paz dentro de un sistema democrático, aunque las últimas acciones “farianas” en Buenaventura indican que esa posibilidad está lejana.
Es más importante que nunca que las autoridades velen porque puedan sanar las heridas más protuberantes de la guerra fraticida y eso implica cuidar a todos los grupos vulnerables de la sociedad, en especial los más sufridos.
Una nación que se precia de democrática, pero que a la vez descuida a sus mujeres y niños, tiene problemas. No se entienden por eso los hechos repetitivos de violencia en contra de las personas indefensas de la Liga de Mujeres Desplazadas.
Esta es una organización merecedora del apoyo de la ciudadanía y, sobre todo, de las autoridades de Bolívar, muy especialmente de las de Turbaco, donde se encuentra su sede, que es, a su vez, el barrio y hogar de sus integrantes.
Es difícil comprender qué puede resultarle tan terriblemente amenazante a cualquier persona o grupo de personas de unas mujeres que lo perdieron todo, algunas varias veces, y que a pesar de todo quieren
labrarse una vida nueva.
En este sentido no se comprende a un Estado que predica el respeto por los Derechos Humanos en los foros nacionales e internacionales y que a la vez sea incapaz de cuidar a un grupo de sus integrantes más
desamparadas, cuyo esfuerzo debería inspirar a la sociedad en vez de hacerla sentir cualquier tipo de prevención.
Es difícil creer que la serie de eventos con que estas mujeres han sido vejadas de manera obedezca a la casualidad. En contra de este grupo hay desapariciones, asesinatos y violaciones.
La Defensoría del Pueblo había dado dos informes de riesgo dentro del sistema de alertas tempranas el 27 de julio de 2005 y en noviembre 28 de 2006. La última acción que han sufrido no ha costado ninguna vida, pero sí muchas esperanzas y sueños truncados al serles quemado su Centro Comunitario durante la noche del 20 de enero. En él estudiarían más de 100 niños.
Tenemos la esperanza de que si bien es muy probable que este incendio se debiera a manos criminales, hayan sido las de un enfermo de piromanía y no un nuevo episodio de violencia programada en su contra. El daño hecho es múltiple: es contra las 500 personas de la Liga y también contra la percepción internacional de Colombia, cuyas mayorías quieren la paz.
Por eso es indispensable que, de haberlos, las autoridades den con los responsables, al tiempo que garanticen el derecho a la vida, honra y propiedad de las integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas.
