
Alfredo Molano Bravo
EL ESPECTADOR
Febrero 14 de 2008
El 20 de enero pasado, en el municipio de Turbaco, al sur de Cartagena, incendiaron la sede de la Ciudad de las Mujeres, un barrio que alberga 300 familias desplazadas y que ha sido construido palustre en mano por la Liga de Mujeres de Bolívar, Premio Nacional de Paz 2006.

Los bomberos confirmaron el hecho criminal. No fue un escape de gas ni un corto circuito. Como no fue un suicidio el asesinato a machete de Julio Miguel Espitia, el celador de la fábrica de ladrillo con que se iniciaba la construcción de las casas de la ciudadela. El Sistema de Alertas Tempranas ha hecho dos Informes de Riesgo –junio de 2005 y noviembre de 2006– calificándolo como Alto. Las autoridades civiles del municipio suelen hacerse las desentendidas, y las militares, ni se diga. Hay razones de peso: los actores más probables de los atentados, según la Defensoría, son las Auc. Naciones Unidas y Acnur han tomado nota atenta de esta serie de hechos.
Hay evidencias sistemáticas de que los desplazamientos ya no son sólo de campesinos, sino que hoy los desplazadores se ensañan también en barrios de las principales ciudades adonde llegan las víctimas. Este hecho cada día más dramático muestra dos cosas: primero, que la guerra poco a poco se va trasladando a las zonas urbanas más pobres –Buenaventura es un ejemplo– y segundo, que el despojo de tierra o de bienes no es el único objetivo de los criminales. Hay otros motivos que coinciden con lo que el proceso parapolítico está destapando. Los testimonios de cientos de hombres y mujeres de distintas regiones llegan al mismo punto: a la gente la destierran porque se ha independizado de la maquinaria clientelista, que es la fuerza más conservadora y violenta de todas, y los paramilitares son sus cancerberos. La invocada “legítima defensa” es, en dos palabras, la protección de esa estructura. Se trata de defender con las armas y con el terror de la motosierra los privilegios adquiridos por los caciques y por los gamonales. La tierra está en el centro de esa defensa, puesto que es fuente del poder rural, pero no el único objeto de disputa.
El monopolio local del pequeño comercio es la nueva palanca de poder no sólo en las veredas sino en los barrios. Más aún, muchas de las tiendas hacen parte de una red paramilitar que se fortalece a medida en que el número de reinsertados aumenta. En la Costa Atlántica, otro ejemplo, hoy paisa es sinónimo de tendero. La independencia que la gente cobra en relación con el gamonalismo tiene dos modos concretos: uno, el reclamo de sus derechos al Estado, lo que evita la mediación de los políticos. De ahí que los ciudadanos que exigen el reconocimiento de sus derechos sean sindicados por los caciques como guerrilleros. Esto explicaría también la popularidad de la tutela, puesto que en el fondo la figura permite saltarse el político. El otro modo es la independencia económica. Cuando una persona logra una base que no dependa del poder económico directo, por ejemplo cuando un campesino deja de ser peón y consigue tierra, o monta un gallinero propio, o una mujer desplazada accede una vivienda digna, peligra la dependencia que lo ha subordinado al hacendado o al gamonal. Y el gamonal se queja: son colaboradores de la guerrilla; y los paras atacan: hay que defender los derechos adquiridos.
No hay una forma distinta para explicarse que una obra tan comprometida como la Ciudad de las Mujeres que no es sólo vivienda, sino de educación, salud y organización social, sea víctima de un plan criminal. El Defensor del Pueblo de Bolívar lo dice de otra forma: la Liga de Mujeres Desplazadas es objeto de amenazas “debido al trabajo organizativo y de liderazgo comunitario que realizan, especialmente en barrios subnormales, pues los nuevos grupos armados ilegales las consideran un obstáculo para sus procesos de posicionamiento y de control social, económico y político”. Valdría la pena saber, por ahora, cuál es el vínculo de estas acciones criminales con políticos y empresarios conocidos de Bolívar, como La Gata y sus socios.
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